En defensa de nuestros hermanos de la Amazonía

En defensa de nuestros hermanos de la Amazonía

El sábado 9 de mayo el gobierno aprista declaró el estado de emergencia por 60 días en varias zonas de los departamentos amazónicos de Loreto, Amazonas, Ucayali y Cusco ante la creciente radicalización de la protesta social en la región amazónica. Éste es el más reciente episodio en la historia de la lucha entre el Estado y las comunidades indígenas, lucha que se origina a raíz de una serie de decretos legislativos que vulneran constitucionalmente los derechos de las comunidades, aunque los representantes del gobierno, con una libreto que ya les es característico, proclaman que tales normas sólo buscan el desarrollo sostenido de los pueblos indígenas.

Por otro lado, estos hechos recibieron por parte de la prensa limeña un tratamiento casi uniforme, salvo excepciones. La reacción general es que las protestas corresponden a una manipulación política proveniente de sectores que buscan socavar las bases de la «democracia» y la «gobernabilidad» y que se valen del engaño a las masas indigenas para efectuar sus planes. Sin embargo, esta argumentación simplista expone sin lugar a dudas los prejuicios de aquellos que se supone deberían informarnos con imparcialidad. ¿Será acaso tan fácil engañar a un indígena amazónico? Pues de la lectura de varios periódicos (Correo, La Razon, Expreso..) y de los comentarios de algunos funcionarios (Yehude Simon) se podría desprender una respuesta afirmativa.

Bajo la dirección de la Asociación Interétnica de desarrolló de la Selva Peruana (AIDESEP) y de Alberto Pizango, su Secretario General y líder, el pueblo amazónico ha iniciado la lucha por sus reivindicaciones. Afirmar que este fenómeno tiene como motor a agentes externos a los sectores indigenas (sectores directamente afectados), es negar la naturaleza interna del movimiento social; es caer en la más profunda metafísica, es decir, es algo contra lo cual un estudiante de ciencias debe rebelarse.

Esta vieja tesis, muchas veces sutilmente defendida, olvida el fundamental efecto de las condiciones socioeconómicas sobre la conciencia social, en particular sobre la conciencia indígena

.
Nada mejor que la praxis social para pulverizar prejuicios y descubrir la verdad. Ante el abuso gubernamental, nuestros hermanos aguarinas, shipibos, asháninkas y de otras etnias, han demostrado capacidad de organización y de respuesta, algo que Manuel Scorza (en el caso andino) ilustró en libros de excepcional belleza artística (quizá justamente por su excepcional sentido social y humano). Es deber de la juventud estudiosa entender y valorar estos hechos desde una óptica científica y principista, comprendiendo que el Estado es sostenido por diversos intereses económicos, muchas veces adversos al interés popular, y que ante ello la protesta social se presenta como instrumento legitimo y reivindicador.

Amazonía:
El gobierno no cumple la ley

El origen del reclamo de las comunidades amazónicas está en la promulgación de varios Decretos Legislativos por el Poder Ejecutivo, en el I Semestre del 2008, al amparo de las facultades legislativos que le otorgó el Congreso. Estos DL no fueron consultados con las comunidades, como lo manda explícitamente el Convenio 169 de la OIT.

Este Convenio, cuyas disposiciones tienen carácter vinculante para el Estado peruano porque fue aprobado por el Congreso, establece claramente en su Artículo 6: «Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente» (1).

Está claro que el gobierno no consultó a los pueblos interesados, con lo cual ha violado un convenio firmado. ¿Por qué lo hizo? Porque se tiene la concepción, primero, de que los limeños saben más que los pueblos amazónicos; 2) que la selva es un territorio vacío, cuyos recursos «deben aprovecharse» y, 3) que este aprovechamiento debe realizarse al amparo de la política del «perro del hortelano», que otorga preeminencia a las iniciativas privadas.

El origen del conflicto está, entonces, en el incumplimiento de las leyes, lo que desemboca en el autoritarismo y la falta de diálogo.

En un segundo orden de prioridad viene la discusión acerca del contenido de los Decretos Legislativos, que ahora están en una Comisión del Congreso, que avanza con lentitud y que hasta ahora no ha podido legislar al respecto, ya sea para su derogatoria o para modificar los artículos cuestionados. Es importante resaltar que estos DL poco o nada tienen que ver con la implementación del TLC con EEUU. Sucede, simplemente, que el gobierno aprovechó esa «ventana de oportunidad» para «completar la reforma incompleta» reclamada por el neoliberalismo.

Pero la cuestión de fondo es que las comunidades amazónicas han visto invadido su territorio por una gran cantidad de contratos petroleros que cubren gran parte de la Amazonía. Hasta el 2007, los contratos de licencia en la Amazonía ascienden a 35.2 millones de hectáreas, a las que se suman las áreas otorgadas en el 2008. Es importante resaltar que en el conjunto de los países amazónicos, las áreas de exploración llegan a 44 millones de hectáreas, lo que quiere decir que el Perú ha otorgado el 80% del total (ver Bajo la Lupa # 12, Amazonía, http://bajolalupa.net).